Javier Divany Bárcenas
México
Como por arte de magia el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, incumple con comunero de Santa Lucía a quienes compensaría con la entrega de tierras, tras haber tomado las suyas para la construcción del aeropuerto, pero resulta que de los 722 beneficiados ya aparecieron 230 más que podrían obtener seis metros de tierras, sin haber sido parte de las listas.
Al respecto, la Diputada Federal del PRD, Karem Vargas, exigió al gobierno federal esclarecer este caso y pidió que no sea sólo de palara sino con los papeles en la mano como lo exigen los comuneros quienes se verán mermados en la repartición con menos de 2 mil metros cuadrados cada uno de los 722 comuneros originales beneficiados por los acuerdos
La legisladora manifestó que la reducción de terrenos que se anunció para la localidad indígena de San Miguel Xaltocan que recibirán tierras en propiedad social como compensación por la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, es la muestra clara de que el gobierno encabezado por López Obrador sólo sabe hacer promesas y no llevarlas a cabo.
“Este gobierno sustenta sus decisiones en promesas, sin estar conscientes de las dificultades, cuestiones técnicas y demás, esto es algo que sabemos desde el inicio de este gobierno, pero día con día se suman más violaciones a los derechos de las personas a causa de que gobiernan con discursos ocurrentes”, compartió.
La lotificación de las 617 hectáreas de terrenos nacionales prometida por el gobierno federal hace dos años ya está en marcha. El plano definitivo de la división del terreno aledaño a la nueva terminal aérea, muestra que el número de beneficiarios pasó de 722 a 952. Inexplicablemente a lo que debe respomnder López Obrador.
El incremento implica que las propiedades, que originalmente serían de ocho mil metros cuadrados en promedio, con un valor comercial de dos millones 400 mil pesos por predio, pasen a seis mil metros cuadrados en promedio, aunque hay lotes más pequeños. Y que de alguna forma beneficiarán inexplicablemente a 230 personas de las que no se sabe por qué.
La perredista exige que no sólo se den explicaciones, sino que se entreguen los documentos que detallen porque se realizó el cambio de planes con respecto a la propuesta realizada en primer término.
“No bastan simples declaraciones en este caso, se requieren pruebas y documentos que validen los dichos, para que así no exista la posibilidad de que ninguna autoridad pueda desviar la atención o lavarse las manos”, agregó.
Recordó que distintos documentos han sido enviados a la Sedatu por parte de comuneros para advertir sobre las acciones unilaterales que Juan Paredes, representante de los comuneros ante el gobierno federal, ha emprendido para despojar a unos y beneficiar a otros, sin que se tenga un acuerdo con los afectados, con la complacencia del Gobierno federal.